La mirada noticiosa

  Por Verónica Barrios En realidad, en ambos fallos se habló de violencia psicológica, tanto de lo dictado por el tribunal presidido por la jueza Celia Salinas, los jueces María Luz Martínez y Darío Báez, también el tribunal con la presidencia del juez Juan Pablo Mendoza.   En el primero se trató una causa relacionada a una madre que era maltratada por un hijo y los tres jueces que integraron el tribunal realizaron un trabajo excepcional y extraordinario, los tres jueces se caracterizan por su humanidad y sensibilidad al tratar cada juicio oral, pero en esta causa se nota que pusieron toda su alma por el esmero que se observó en cada audiencia del juicio oral y la sentencia impecable donde se refleja la profesionalidad y las bellas personas que la ciudadanía debe enterarse que así son.   Mientras que el segundo tribunal se lució con su prolífico trabajo intelectual y la explicación dada por el presidente Juan Pablo Mendoza es evidencia de que también dieron lo mejor de sí.

  Textos y Foto: Verónica Barrios.   María Segovia, fiscala especializada en violencia familiar, resaltó que desde su punto de vista la integridad psíquica protegida por el artículo 4 de la Constitución de la República no es letra muerta.   Refirió que   con el fallo en esta causa que se irá desechando prácticas de   violencia psíquica dentro de la sociedad paraguaya.   Instó a denunciar los casos de violencia psicológica y a través de esta sentencia justa y adecuada realizada por el tribunal de sentencia presidido por el Doctor Juan Pablo Mendoza e integrado por la Doctora Cándida Fleitas y el Doctor Fabián Weisensee sea tomada de consideración y como un mensaje de protección a toda la sociedad a la integridad psíquica.   Se le consultó si este veredicto se dio para proteger a la mujer de la violencia de género, contestó que sí, se da como un contexto, porque por primera vez en los casos que ha llevado a juicio oral y público, entre sus fundamentos se aplica el Control

  Textos y Foto: Ver ónica Barrios.   Mauricio Igor Díaz es condenado a una pena privativa de 4 años por violencia familiar. Así decidió el tribunal presidido por el juez Juan Pablo Mendoza e integrado por Fabián Weisensee y Cándida Fleitas.   La lectura de la sentencia primeramente fue secretaría, para luego tomar la palabra el presidente del tribunal.  El presidente del tribunal, Juan Pablo Mendoza explicó que han verificado los elementos probatorios exhibidos en juicio, las declaraciones testificales, los informes psicológicos que dan cuenta de un daño psicológico existente, si bien se habló de recursos de afrontamiento de la víctima para salir de esa situación, no se niega la existencia del perjuicio y el daño que ha quedado.   Indicó que la existencia del hecho es resultado de la violencia psicológica y el tribunal comprobó a través de las pruebas.   En cuanto a la sanción, detalló que el tribunal ha verificado que el autor buscó castigar a la víctima por romper s

  María Segovia, fiscala especializada en violencia familiar describió que las dinámicas de la violencia familiar han sido exponencialmente en cuanto a las cifras de ingreso de denuncias lo que demuestra también la confianza de la ciudadanía hacia el Ministerio Público por la cantidad de denuncias y por la demanda de respuesta que está teniendo la unidad especializada de Lucha contra la violencia familiar en Asunción.   Indicó que se está dando un creciente índice de causas donde la mujer también es denunciada como supuesta agresora. Manifestó al respecto que llama la atención porque por lo general sus casos antes era de cada 10 casos uno la agresora era la agresora una mujer y ahora ya tienen una tendencia más del 40 por ciento de casa 10 causas 4 son sindicadas las mujeres como supuestas agresoras.   Señaló que también en esta dinámica de la violencia familiar se da dentro del seno familiar y ampliado por la nueva ley en vigencia desde el 29 de junio de 2022.   Se le cons

  ✍ ️ 📷 Verónica Barrios María Segovia, fiscala especializada en violencia familiar, señaló que es una sentencia muy didáctica en la que el tribunal de sentencia de forma unánime explicó la importancia de los testigos presenciales, también la perspectiva de género que tiene el tribunal integrado por la Doctora Celia Salinas, María Luz Martínez y Darío Báez que hace que el sistema de justicia también sea accesible para las personas en situación de vulnerabilidad en el caso de la madre que fue víctima de violencia.   En cuanto a la particularidad del caso, refirió que fue justamente en el inicio la negación y la retractación de parte de la víctima, el tribunal de sentencia realizó un seguimiento a través de todas las pruebas y se ha involucrado por ese principio de la inmediatez y se notó a los jueces muy interesados en llegar a la verdad.   Sobre le impactó del caso como fiscala, manifestó que la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la señora le impactó, también la

Textos y Foto: Verónica Barrios. El tribunal tuvo en cuenta el testimonio de los testigos presenciales los vecinos de la señora para dictar la sentencia en una causa por violencia familiar. Juan González fue condenado a 3 años de pena privativa de libertad por violencia familiar para encaminar su vida, de acuerdo con la explicación del miembro del tribunal Darío Báez.  El tribunal de sentencia presidido por la jueza Celia Salinas e integrado por los magistrados María Luz Martínez y Darío Báez, comprobaron que la señora fue víctima de violencia psicológica de parte de su hijo, también que el acusado se resistió a la policía reaccionando de manera agresiva. En cuanto a la violación del deber de cuidado a ancianos y discapacitados, el colegiado no llegó a la certeza y lo absolvió de ese hecho punible. Con un trato humano y permiso de la presidenta del tribunal, el integrante del tribunal, Darío Báez le explicó al acusado que él comprende que el acto que realizó está mal y distingue el bie

Textos: Verónica Barrios. Foto: Gentileza. El juez Federico Rojas, presidente del tribunal, señaló que la organización de la agenda con los otros miembros del tribunal fue un desafío realmente muy grande porque los tres jueces eran de tribunales diferentes, no eran un tribunal permanente. Aseveró que contaban con una agenda muy apretada, la única opción que vieron es realizar la audiencia de tarde. Contó que era el desafío, siempre corrían el riesgo de que el juicio se vaya a suspender y realmente llegaron a un punto de prever habilitar días inhábiles para llevar a cabo el juicio oral, pero no se llegó a esa situación. Resaltó que el juicio lo llevaron en un tiempo récord a pesar de que al principio fueron recusados, también en la seguridad no tuvieron inconvenientes porque siempre el Poder Judicial se portó conforme a las circunstancias, la respuesta de los médicos siempre fue instantánea. Señaló que el aspecto que más cuidaron fue evitar cualquier tipo de suspensión que les obliguen

  Textos: Verónica Barrios. Foto: Gentileza. El juez Federico Rojas, presidente del tribunal que juzgó a Gregorio "Papo" Morales y Cynthia Ojeda Burgos por la muerte de Robert Marín, explicó que la particularidad que se dio en la causa es que como jueces fueron recusados, posterior a la recusación apenas bajó el expediente marcaron una nueva fecha de audiencia y antes del inicio el acusado se presentó en estado de inconsciencia, también el tribunal ordenó enviar los antecedentes al Ministerio Público a fin de que se abra una causa por resistencia o la frustración de una ejecución penal, es la primera medida que habían tomado.  Contó que volvieron a tener inconveniente en lo que refiere al informe médico del Doctor Cuéllar y el tribunal una vez más ordenó la remisión de los antecedentes a fin de que se determine las circunstancias que puedan ser penalmente relevantes, ya sea la alteración de una prueba o de la frustración de la ejecución penal en grado de tentativa e incluso r

  Textos: Verónica Barrios   Foto: Gentileza. La jueza María Fernanda García explicó que originalmente el sistema fue creado para que en el juzgado de garantías se vea la viabilidad de solucionar antes de llegar al juicio oral, pero en la realidad se elevan a juicios orales en cantidad y eso saturó el sistema, también hay fiscales que quieren ir a juicios por los flashes de los medios de prensa.   Sobre su organización de tiempo en los dos juzgados uno en Capital y otro en Central, refirió que organizó su tiempo de trabajo en el juzgado de Ejecución los martes y jueves en San Lorenzo, los otros días trabaja en el juzgado de sentencia en Asunción.   Se le consultó qué soluciones plantearía para la saturación del sistema como jueza de sentencia, respondió que exhortar a los fiscales y a los jueces de garantías a que utilicen las herramientas procesales que existen, crear más juzgados.   También si desde las facultades de Derecho se deberían fomentar otro tipo de resoluc

Textos :   Verónica Barrios   Foto : Gentileza   María Fernanda García, jueza de sentencia en Capital e interina en un juzgado de Ejecución en San Lorenzo, indicó que la saturación del sistema penal se debe a la jubilación masiva de sus colegas magistrados, el interinazgo en los juzgados, pocos jueces atienden muchas causas y expedientes y no se realiza una depuración en los juzgados de garantías utilizando las herramientas procesales, también los limitados recursos humanos y no tienen herramientas de trabajo, el creciente aumento de los juicios orales.   Explicó que el factor determinante por hoy es que son muy pocos y es enorme la cantidad de expedientes y causas y no se realiza esa depuración real en los juzgados de garantías, pero en los juzgados de garantías también tienen sus inconvenientes como jueces tampoco ellos pueden estudiar el fondo de la cuestión.   Indicó que un factor que enlentece el trabajo en Sentencia es que ella está interinando un juzgado en otr

  📷✍️ Verónica Barrios Lourdes Garcete, jueza de sentencia, explicó que el tribunal valora la resolución del juzgado de la Niñez y Adolescencia, la participación del acusado en el proceso, eso les permite saber si la persona sabía de esta obligación. Indicó que si el tribunal llega a la conclusión de absolución en un caso es porque no se cumplieron los requisitos que les manda la ley, a diferencia de otros sistemas procesales, los jueces tienen una obligación de fundamentar sus decisiones en la ley y en las pruebas. Manifestó que ellos como tribunal no pueden ante la duda condenar, deben tener absoluta certeza fundada en las pruebas y en la ley de que la persona cometió el hecho punible. Señaló que no pueden condenar por condenar, por un prejuicio no se puede fundamentar una sentencia, siempre debe hacerse en base a las pruebas y en lo posible separando los sentimientos y prejuicios. Enfatizó que si el tribunal tiene duda su obligación constitucional es absolver y ceñirse a las prueba

📷✍️ Verónica Barrios Absolución Celia Salinas, jueza de sentencia, explicó que entre los argumentos de la absolución en una causa de incumplimiento del deber alimentario está que el tribunal no pudo comprobar que el señor si tenía la posibilidad de cumplir la obligación porque no había informes bancarios ni informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Indicó al respecto que el Ministerio Público no acercó ni ofreció ninguna prueba para que el tribunal pueda llegar a la conclusión de que esta persona tenía capacidad físico real para afrontar la obligación de la cuota alimentaria y es por eso que en base a la duda han decidido por unanimidad absolverle al señor. Sobre el debate que se dio en la deliberación, enfatizó que tuvieron en cuenta el testimonio de la madre que reconoció el pago que realiza el señor en cierto tiempo, que él se hacía cargo de cosas del niño por su cuenta, le daba dinero en efectivo, no precisamente realizó un depósito en el Banco de Fomento, tambi

✍️📷 Verónica Barrios Santiago Brizuela, abogado de la defensa de Adalberto Arévalos y Edgar Cáceres, señaló que las deficiencias probatorias fueron que no estaban todos los extractos, no estaban todas las liquidaciones de salario, no está el extracto bancario de la Asociación, una cuestión básica necesaria para realizar conciliaciones contables y una pericia contable, no estaban los informes de las casas de crédito. Detalló que las deficiencias fueron amplias debido a que el Ministerio Público estableció espacio temporal de investigación desde 2013 a 2017, no estaban todas las pruebas del 2013 tampoco todas las personas que estuvieron en la Asociación en ese año fueron imputadas ni las que estuvieron a lo largo del 2017. Enfatizó que las deficiencias fueron amplias en la investigación y lo que se planteó básicamente fue que las querellas trajeron  extractos, liquidaciones de salario, extracto de la Asociación, deudas con las casas de crédito sin ningún análisis al hecho punible y eso

Por Verónica Barrios Es peligroso cuando estamos en manos de personas que ejercen el periodismo de tribunales con intenciones maliciosas e ignorancia a pesar de que las mismas están mucho tiempo en la cobertura de las noticias judiciales ni tengan el conocimiento mínimo de la función de cada lugar del Poder Judicial y al tener la certeza por el evidente acto visto por mí a lo largo de un año de cobertura periodística en el Palacio de Justicia de que no se tenga la voluntad de describir la realidad, sino que atacar o extorsionar a las personas que trabajan en el lugar para que se den las resoluciones judiciales de un modo. Esa práctica maliciosa del periodismo de tribunales en Paraguay debe ser conocida por la ciudadanía. Nada de lo que he dicho es mentira es una verdad que conocen las personas que están diariamente en los tribunales. Colegas, les instó a abandonar esas prácticas antiéticas y poco objetivas en el trabajo periodístico que realizan porque pierden credibilidad y la vida si

Textos y Foto: Verónica Barrios. María Magdalena, abogada de la defensa de Freddy Núñez, mencionó entre las deficiencias de la acusación del Ministerio Público se dio desde palabras técnicas, la imposibilidad material de probar elementos afirmados por los denunciantes y la imposibilidad de poder sustentar la teoría del caso. Estas cuestiones observaron como defensa técnica en la acusación. En cuanto al trabajo que realizaron como defensa, se le consultó si realizaron un trabajo parecido a una pericia contable, respondió que asimismo y en ese sentido gracias al trabajo de su colega que también es contador público pudieron hacer una defensa bastante sólida atacando punto por punto las falencias que tuvo la acusación del Ministerio Público analizando sólo conceptos contables, sino conceptos básicos que tanto los representantes de la querella adhesiva como el Ministerio Público querían hacer pasar por alto. Se le preguntó cómo fue para que tomarán el caso y cómo contuvieron emocionalmente

✍️📷 Verónica Barrios. Sonia Pereira, abogada de la defensa de Claudelines Luz Marina Martínez y Alberto Vargas, señaló que ella se presentó como defensa técnica en el juicio oral y en la leída que dio a primera vista se demostraba que todos los socios tenían conocimiento de la forma en que se administraba la Asociación, entonces no podían hablar de un delito de estafa porque no existió el componente del engaño, tampoco de lesión de confianza porque la comisión directiva tenía la obligación de proteger el interés patrimonial de la Asociación ni mucho menos apropiación no se demostró en juicio ni en la etapa investigativa que hubo. Agregó que en los alegatos iniciales la fiscalía no sabía el monto que supuestamente había sido sustraído ni en los alegatos finales el Ministerio Público tenía certeza del dinero sustraído. Expresó que en este caso, los directivos fueron tan buenos compañeros que pagaron las cuentas de los demás y a pesar de eso les trajeron a juicio oral y público y pidiero

Por Verónica Barrios La lección que la prensa judicial debe aprender No se puede forzar a un Poder del Estado como el Poder Judicial a dictar sentencias de acuerdo a sus intereses y coartando así la independencia de sus jueces a la hora de decidir sobre la libertad de las personas. Ya en el caso de Díaz Veron se está volviendo muy obvio y especialmente en el medio El Observador que cuando no le gusta los fallos utiliza su poder como medio de comunicación para revertir lo que se decidió en la justicia y lo que aplicaron los jueces como tiene que ser. Los medios de prensa no están para emplear este tipo de campañas sucias para torcer la justicia y aplicación de las leyes. Están para informar con objetividad y no para decidir la condena o la absolución de las personas. No son jueces ni son los roles que debe cumplir el periodismo en el área judicial. Ese tipo de justicia a medida que se da en ese tipo de medios apeligra la democracia y hace que con una falsa bandera de lucha contra la cor

  Textos y Foto: Verónica Barrios. La presidenta del tribunal, Lourdes Garcete continuó explicando que la absolución de los acusados fue debido a que el tribunal se encontró con las  imprecisiones en la descripción de las conductas de los acusados. Resaltó que la propia Corte en su Acordada 1631 refiere que la teoría del caso debe responder a todas las preguntas y otra cuestión que entra en juego es un principio de alternatividad, explicó que una persona no puede cometer al mismo tiempo apropiación, lesión de confianza y estafa. El tribunal realizó un análisis profundo desde la doctrina cada uno de los hechos punibles acusados y está en un punto intermedio de duda porque la acusación no acercó todas las pruebas para realizar la constatación. Al terminar de comunicar la resolución en la causa, manifestó que las medidas cautelares quedan levantadas y las costas son impuestas en el orden causado. Comunicó que la sentencia escrita va a estar disponible para las partes el 18 de enero a las

  📷✍️ Verónica Barrios. A las 2 pm del jueves 11 de enero luego de una larga deliberación, la actuaria abrió la puerta de la sala 7 de juicios orales para invitar a pasar a las partes y a la prensa para escuchar la decisión del tribunal en la causa. Los tres jueces estaban sentados en sus respectivos lugares. La presidenta del tribunal, Lourdes Garcete inició su explicación de manera amena y sencilla con un toque de humanidad y jurídico. Argumentó que en la decisión está implicada al bien jurídico importante la libertad de las personas, que no han podido llegar a una certeza para quebrar el estado de inocencia de los acusados y que decidieron por unanimidad y los tres magistrados estuvieron de acuerdo en absolver a todos los acusados en esta causa. En este momento, en la parte de la defensa los acusados y los abogados emocionados celebraron la decisión del tribunal. La presidenta del tribunal colegiado pidió a los participantes orden para seguir con la explicación de la sentencia. En

  Textos: Verónica Barrios. Foto: archivo Verónica Barrios Santiago Brizuela, abogado de la defensa de Adalberto Arévalos y Edgar Cáceres, expresó que en el juicio no se está discutiendo si se pagó o no, sino sobre se está hablando de privación de libertad y se preguntó dónde está la ultima ratio en este proceso. Criticó que no es seria la producción probatoria en este juicio planteado por la acusación. Indicó que no es serio en un proceso penal donde se busca una condena de personas no haya pruebas. Detalló que alguien dentro de la Asociación engañó a las personas para que denunciaran ante el Ministerio Público y ahí se generó la reacción de las casas de crédito que buscaban su seguridad.  Enfatizó que ni siquiera se podía realizar la pregunta de subsunción con respecto a las conductas de sus defendidos y en consecuencia no se determinó el hecho punible. También que en este expediente se produjeron pruebas irregulares por su admisión. Señaló que no hay pruebas, no hay pericia contable

Textos y Foto: Verónica Barrios María Magdalena, abogada de la defensa de Freddy Núñez, resaltó que se vio la imposibilidad de sostener algunos elementos de la acusación de parte del Ministerio Público porque hay un problema técnico financiero. Luego pasó la palabra a su colega que tiene conocimientos contables quién explicó que este inconveniente contable deriva desde el Estatuto de la Asociación debido a que permitía un nivel de endeudamiento del 200% de la capacidad del salario bruto, era bastante permisiva para acceder a los créditos. Detalló que dentro del anexo 4 había otros contactos de cómo se iban a a dar los créditos y esto es fundamental tener en cuenta porque ahora todas las personas que ahora son querellantes en su capacidad física no podían acceder a créditos por su incapacidad crediticia, pero ellos accedieron a préstamos a  través de la Asociación. Volvió a tomar la palabra la abogada defensora para contar que los directivos lo que hicieron es tomar medidas de salvataje

Textos y Foto: Verónica Barrios. Sonia Pereira, abogada de la defensa de Claudines Luz Marina Martínez y Alberto Vargas, consideró que durante la audiencia el Ministerio Público y la querella no pudieron probar la existencia de los hechos punibles por los cuales sus defendidos ha sido acusados. Señaló que al no haberse obtenido vía Ministerio Público o querella informes de extractos del Banco Visión ni haberse realizado la pericia contable ni caligráfica no se pudo demostrar en este juicio la existencia del elemento objetivo ni subjetivo porque las decisiones fueron tomadas por la Asamblea, por lo que los miembros de la Comisión directiva hicieron en todos estos años del 2013 al 2017 fue nada más que cumplir un mandato. Con respecto a la apropiación, indicó que no se tiene certeza del hecho punible por la falta de pericia contable para saber si había diferencia en los números y si esos montos fueron a parar a manos de uno de sus defendidos o a su cuenta bancaria y eso no pudo ser proba

📷 Foto de archivo Verónica Barrios ✍️ Verónica Barrios La abogada querellante, Olga Rojas puntualizó que la lesión de confianza es un tipo penal que está desarrollado en lo relacionado al patrimonio de la persona. Explicó que al no acceder a las casas de crédito para cancelar su cuenta hay un daño patrimonial para ella. Indicó que el daño se produce no puede recuperar el pagaré de la casa comercial Pegaso y tiene 6 pagares en la misma situación. La segunda querella se adhirió totalmente en todo lo expuesto por el representante del Ministerio Público, Federico Leguizamón. Resaltó con respecto con respecto a algunas documentales los extractos de la Asociación poseían sellos y una media firma, esto de cierta manera denota el manejo como una impericia de parte de los acusados. Expresó que el manejo de la Asociación era un cachiaireato. Detalló que se está hablando de personas que se acercaron a pagar sus deudas a la Asociación más de dos ocasiones porque recibieron descuentos en sus salar

Textos y Foto: Verónica Barrios Luego de casi 7 horas de exposición extensa en sus alegatos finales, el fiscal Federico Leguizamón solicitó al tribunal la pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses para los acusados Claudelines Luz Marina Martínez, Fredy Ariel Núñez y Adalberto Arevalos por el hecho punible de apropiación, también la pena privativa de libertad de 5 años a Alberto Vargas y Edgar Cáceres por los hechos punibles de apropiación en su forma agravada, lesión de confianza y estafa.  Admitió que habló muchísimas horas y para no quitar más tiempo, ratificó cada uno de los puntos específicos de los alegatos iniciales del Ministerio Público, las explicaciones al tribunal, las reproducciones de las pruebas. Tomó en cuenta a favor de los acusados que no tienen antecedentes penales, son jóvenes, tienen familia, profesión y trabajos estables. Cuando se proyectó las diapositivas de las deudas de cada socio el fiscal tomó mucho tiempo en las explicaciones de cada item y el PPT tení

Textos y Foto: Verónica Barrios En casi 7 horas, el fiscal Federico Leguizamón improvisó sus alegatos finales soplado por la abogada querellante Olga Rojas, quien se representa a sí misma como afectada. Desde las 9 hasta la tarde en un caluroso enero se llevó a cabo una larga audiencia con los alegatos finales de la fiscalía en la causa de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría. En un tono irónico, el agente fiscal señaló como espectacular la exposición del Licenciado Cáceres, uno de los acusados que hizo su declaración indagatoria el día anterior, lo calificó como brillante al indicar que de 11.000.000.000 bajó a 4.000.000.000 o 1.500.000.000 dijo en forma dubitativa en respecto a la cifra del pasivo que tenía la Asociación, para manifestar que eso no implica la no comisión de los hechos punibles de estafa, apropiación, lesión de confianza. Luego indicó que el perjuicio patrimonial de los socios de 296.583.686 que fue producido por los acusados en la causa. Resaltó que el Min