No es seria la producción probatoria, dice abogado de la defensa en causa de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría

 



Textos: Verónica Barrios.


Foto: archivo Verónica Barrios


Santiago Brizuela, abogado de la defensa de Adalberto Arévalos y Edgar Cáceres, expresó que en el juicio no se está discutiendo si se pagó o no, sino sobre se está hablando de privación de libertad y se preguntó dónde está la ultima ratio en este proceso.


Criticó que no es seria la producción probatoria en este juicio planteado por la acusación.


Indicó que no es serio en un proceso penal donde se busca una condena de personas no haya pruebas.


Detalló que alguien dentro de la Asociación engañó a las personas para que denunciaran ante el Ministerio Público y ahí se generó la reacción de las casas de crédito que buscaban su seguridad.


 Enfatizó que ni siquiera se podía realizar la pregunta de subsunción con respecto a las conductas de sus defendidos y en consecuencia no se determinó el hecho punible.


También que en este expediente se produjeron pruebas irregulares por su admisión.


Señaló que no hay pruebas, no hay pericia contable, no hay pericia de gestión administrativa, ni una sola prueba para llegar a una conclusión de que se quiebre el estado de inocencia de sus defendidos y demás procesados.


Luego se da la réplica del Ministerio Público. La misma se enfoca en lo que es la apropiación. La querella 1 manifestó que no se puede hablar de que se utilice el derecho penal para cuestiones civiles.


La querella 3 habla de perjuicio patrimonial de los socios y que es aberrante responsabilizar a las víctimas sobre lo que debe hacer la Asociación.


En otro día, la duplica de las defensas se centra en aclarar conceptos básicos de documentos que se utilizan en la contabilidad y crítica la imprecisión conceptual y falta de conocimiento del tránsito documental dentro de una operación contable financiera de parte de la fiscalía y la querella.


El abogado de la defensa Santiago Brizuela criticó que se utilice el fuero penal para cuestiones civiles.

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