Como jueces deben romper la inseguridad jurídica en el país

Textos y Foto: Verónica Barrios 

En un momento de la comunicación del veredicto en la causa, el juez Darío Báez indicó que la inseguridad jurídica es la que tienen que romper como jueces de la República del Paraguay y no se les persiga a las personas por su partido político, su grupo político o un cargo específico.

Aseveró que como jueces están para redireccionar el sistema judicial y no pase más la situación del matrimonio Díaz Morinigo porque a cualquier ciudadano  le podría suceder lo mismo.

Pormenorizó que como tribunal hallaron una falta de investigación, de determinación de causas, una investigación deficiente que trató de confundir a los miembros del tribunal y a la sociedad entera con meses de juicio de un cúmulo de pruebas irrelevantes entre ellas ropa interior que no les llevo a entender que existía enriquecimiento ilícito ni tampoco había lavado de dinero.

Razonó que no pueden condenar por simples conjeturas de personas irresponsables como las que declararon en juicio no tenían que haber llegado a esta altura.

Mencionó como precedentes en la decisión del tribunal a juicios orales en los que han habido situaciones similares en los que tribunales especializados resolvieron la absolución de otras personas como ser Noyme Yore, Mario Ferreiro, Mirta Rotela, Dani Durand.

Aseveró que la absolución de una persona bajo ningún punto de vista significa impunidad, al contrario, ellos como miembros del tribunal, todos los jueces del Paraguay si no aplican la ley van a estar realizando la mayor de las injusticias si es que condenan sin elementos necesarios.

Enfatizó que el Estado paraguayo debe pedirles disculpas a la señora María Selva Morinigo y el señor Díaz Verón por haberles privado de libertad, separarles de su familia y perjudicarles económicamente.

Criticó también la humillación de  los acusados ante la exposición mediática con fotografías donde se los observa con esposas.

Manifestó que han decidido como tribunal remitir los antecedentes de los peritos Mateo Nakayama y Javier González por los delitos de testimonio falso y declaración falsa.

Explicó que mucho discutieron la imposición de las costas, entendieron que las fiscalas creyeron en sus peritos, por esa razón no se le impone las costas al Ministerio Público.

Consideró que como tribunal no pueden basarse en inventos para someter a las dos personas a un juicio y que no son válidos en ningún punto de vista para ellos y jamás podrían llegar a una salida.

Indicó que corresponde bajo toda luz la absolución de ambas personas y también el levantamiento de medidas cautelares que pesan en contra de ambas.