Caso Empanadas Don Vito: Para la defensa el tribunal cumplió a raja tabla la ley, pero para el Ministerio Público se le privó acceso

Textos y Foto: Verónica Barrios.

El abogado de la defensa, Andrés Casati  expresó que ante la noticia del sobreseimiento de sus representados la toma con mucha alegría y la admiración de la valentía que tuvo el tribunal de haber hecho cumplir a raja tabla la ley puesto que los plazos son tiranos, son improrrogables.

Refirió que el último acto interrumpido ha sido la postergación del juicio oral que data del 2017, haciendo un cálculo matemático han transcurrido ya 6 años de la elevación del auto a juicio oral y público y de acuerdo con los tipos penales acusados a su defendida la prescripción ha operado a los 5 años.

Recalcó que hace un año se ha dado la prescripción el Ministerio Público ha tratado hacer valer a los llamados tiempos muertos por la doctrina, pero el tribunal no ha considerado puesto que no se puede considerar la mora judicial el tiempo que esta causa ha estado en análisis tanto en la Cámara de Apelación como en la Corte Suprema de Justicia en contra de sus defendidos, en virtud a los derechos humanos y al artículo 104 inciso 6 del código procesal penal.

Ante la consulta del motivo de la anulación del anterior juicio oral, contestó que realmente la resolución del tribunal de Alzada no fue muy clara, manifestaba que faltaba tecnicismo a la sentencia y no señala un punto claro de la razón de la nulidad de dicho juicio oral.

Concluyó que ahora felizmente encontramos un tribunal valiente que ha hecho cumplir como ha dicho a raja tabla la ley y ha operado la prescripción en esta causa.

Mientras que la representante del Ministerio Público, Karina Caballero manifestó que desde su opinión particular que no es la oficial de la máxima instancia porque ella es solamente la agente fiscal es que le privó a la fiscalía en este caso de acceder y de poder plantear queja o lo que fuere dentro del marco legal por haberse violado el artículo 171 del Código Procesal Penal que dice que se deben notificar las resoluciones judiciales antes de ser dictadas y además se ha fijado un juicio oral y público para dos años en el futuro con lo cual nos han privado.

´´Siempre me cuestionan a mí, a la fiscalía en realidad se le cuestiona de que por qué si es el persecutor, el que debe continuar la persecución penal, está en nuestro poder, eso es cierto, sin embargo, la organización, el desarrollo, la disposición de cuándo, cómo y dónde se va a realizar un juicio no está en nuestro poder y por eso se prescribió´´, señaló.

Explicó que la organización del tribunal no depende de la fiscalía. Ante la consulta si se le obstaculizó al Ministerio Público para realizar el trabajo, respondió que la realidad es que está sobrecargado el sistema judicial, errores materiales y humanos van a existir, eso es innegable, no se puede tapar el sol con un dedo y decir que esto es perfecto.

Dijo que es tal ya la recarga que está afectando la tramitación de todos los procesos, pero independientemente a esa realidad también está el punto crucial del comportamiento del funcionariado en cuanto a este caso.

´´La sobrecarga del tribunal es una realidad innegable, pero habrá que verificar y analizar cada  caso en concreto´´, refirió. Aseveró que los tribunales de sentencia están recargados y ya no dan abasto en todos los juicios y eso no lo pueden negar.

Se le preguntó que como fiscala que solicitaría a la Corte, contestó que como todos los abogados, la Corte en realidad lo que puede hacer es pedir al Consejo de la Magistratura que inmediatamente reponga todos esos cargos porque hay muchos renunciantes, jubilados, vacantes.

Indicó que esos cargos están pendientes del Consejo para que llamen a las ternas para que la Corte empiece ya a nombrar jueces para poder reponer este vacío que tenemos, eso es lo que tiene que pasar.